El Banco Central de Cuba emitió esta semana una serie de regulaciones que prohíben a las empresas estatales y privadas el uso de cajeros automáticos y limitan las transacciones en efectivo entre ellos, buscando controlar la inflación galopante y los negocios fuera de los libros contables en medio de una grave crisis económica.
La normativa, que entró en vigor el jueves y que también limita las transacciones en efectivo a US$208 ,»se implementará gradualmente durante seis meses», dijeron medios oficiales.
El Gobierno fijó el dólar a $24 pesos cubanos y para empresas selectas, turistas y residentes a $120 (tasa oficial), aunque tiene poco para cambiar. El dólar cotiza actualmente a $230 en el mercado informal.
Las autoridades comunistas buscan frenar la inflación que el gobierno cifra en 45% en lo que va del año y controlar la devaluación del peso tomando una serie de medidas para impulsar la «bancarización» en el país y fomentar el uso de «pagos electrónicos», dijo un comunicado difundido en medios oficiales.
Los precios aumentaron 39% el año pasado y más de 70% en 2021, según el Gobierno, cifras que, según muchos economistas, subestiman la tasa, ya que no representan adecuadamente un mercado informal en expansión.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, dijo a fines del mes pasado que el Producto Interno Bruto creció 1,8% en la primera mitad del año, pero se mantuvo 8% por debajo de los niveles previos a la pandemia de coronavirus, lo que provocó escasez de alimentos, medicamentos, combustible y otros bienes básicos.
La crisis ha llevado a una falta de confianza en el sistema bancario estatal, lo que ha resultado en una falta de efectivo en algunos cajeros automáticos, ya que las empresas y los actores informales los utilizan, dejando horas a los residentes haciendo largas filas.
El reglamento establece que el objetivo de la medida es que «la relación de cobros y pagos entre los actores de la economía, sean privados o no, no sea sobre la base del efectivo, sino (…) del comercio electrónico«.
Pavel Vidal, un execonomista del Banco Central y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, dijo que esa «es una medida que en realidad no beneficia a los bancos y que no es antinflacionaria«.
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